Me ha llegado una «multa» de un parking privado: qué puedo hacer

Llega a casa un papel con aspecto oficial. Lleva la matrícula, una fecha, una hora, a veces una fotografía del coche, y un importe que hay que pagar en un plazo con un descuento por pronto pago. Arriba pone «sanción», «penalización» o directamente «multa», y abajo aparece el logotipo de una empresa.

Lo primero que conviene aclarar, porque cambia todo lo demás: una empresa privada no puede multar. Multar es una potestad de las administraciones públicas. Lo que ha llegado no es una sanción; es otra cosa, y conviene saber qué.

Qué es ese papel en realidad

Cuando un coche entra en un aparcamiento privado se celebra un contrato. No hace falta firmar nada: entrar y aceptar las condiciones expuestas en la entrada es suficiente para que el contrato exista. En España ese tipo de contrato tiene además una norma propia, la Ley 40/2002, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, que conviene mirar en el texto vigente porque fija las obligaciones de cada parte.

Si el conductor incumple alguna de esas condiciones —se queda más tiempo del contratado, aparca en una plaza reservada, pierde el tique, sale sin pagar—, lo que la empresa puede hacer es reclamarle una cantidad por ese incumplimiento.

Eso es lo que es el papel: una reclamación de cantidad de una empresa privada a un particular. Exactamente la misma naturaleza que una factura que crees que no debes.

Y de ahí salen las consecuencias que importan:

• No tiene presunción de veracidad. Un boletín de un agente de la autoridad sí la tiene; el documento de una empresa, no. Si hay discrepancia, la empresa tendrá que probar los hechos.
• No genera puntos ni consta en ningún registro de tráfico.
• No se puede ejecutar por vía administrativa. Una administración puede acabar embargando una cuenta sin pasar por un juez; una empresa privada no.
• Si no se paga, la única vía de la empresa es demandar ante un juzgado civil.

Dicho esto, y para no llevar a engaño: que no sea una multa no significa automáticamente que no se deba nada. Si de verdad se incumplió una condición expuesta y el importe es razonable y está previsto, puede existir una deuda. Lo que cambia es el terreno de juego y las herramientas para discutirla.

Las zonas de aparcamiento que no son lo mismo

Conviene distinguir tres situaciones que la gente confunde y que tienen respuestas distintas.

Aparcamiento privado de pago, con barrera. El caso clásico: un parking subterráneo o de superficie con entrada controlada. Aquí hay contrato de aparcamiento y la Ley 40/2002 se aplica con claridad.

Aparcamiento gratuito de un centro comercial o de una gran superficie. Suele tener límite de tiempo y control por cámara de matrícula. También hay contrato —gratuito, pero contrato— y las condiciones son las del cartel de la entrada. Es el escenario donde más reclamaciones de este tipo se generan.

Zona azul o zona de estacionamiento regulado del ayuntamiento. Esto sí es administrativo, aunque la gestione una empresa concesionaria. Lo que se emite ahí es una sanción de verdad, con su procedimiento, sus plazos de alegaciones y su posible vía de apremio. No confundirlo es importante, porque la estrategia es distinta: ahí hay que presentar alegaciones en plazo ante el ayuntamiento.

La forma rápida de saber ante cuál estás: mira quién firma. Si el documento lo emite un ayuntamiento, aunque lo gestione una empresa, es administrativo. Si lo emite una sociedad mercantil en su propio nombre, es civil.

Lo primero que hay que comprobar

Antes de decidir nada, cinco comprobaciones sobre el propio documento y sobre los hechos.

1. Quién lo emite. Nombre, CIF y domicilio de la empresa. Si no aparecen, ya es un problema del documento.
2. Qué incumplimiento alega y si está realmente recogido en las condiciones de ese aparcamiento.
3. Si había cartel visible en la entrada con esas condiciones y con el importe previsto. Esto es decisivo: una condición que no se expuso difícilmente se aceptó.
4. Si los hechos son correctos. Matrícula, fecha, hora, lugar. Un error en la matrícula o una hora imposible invalidan el fondo del asunto.
5. Cómo han conseguido tus datos. Esta es la pregunta que casi nadie hace y que más juego da, y tiene su propio apartado más abajo.

Merece la pena volver al aparcamiento y fotografiar el cartel de la entrada, con la fecha de la foto. Si el cartel no existe, está oculto, está en un sitio por el que no se pasa o no menciona el importe que ahora se reclama, esa fotografía es la mejor prueba que se puede tener.

De dónde han sacado tu dirección

Es la parte del asunto que más se pasa por alto y la que conviene mirar con atención.

Para enviarte una carta a casa hay que conocer el titular del vehículo, y ese dato está en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, que no es de acceso libre. El acceso a esos datos está sujeto a la normativa de protección de datos y solo cabe cuando existe una base jurídica que lo ampare.

No significa que sea imposible que la empresa lo haya obtenido legítimamente: existen supuestos en los que se puede. Lo que significa es que tienes derecho a preguntarlo, y preguntarlo es gratis.

El instrumento es el derecho de acceso previsto en la normativa de protección de datos: un escrito a la empresa pidiendo que te informe de qué datos personales tuyos trata, con qué finalidad, de qué origen los ha obtenido y con qué base jurídica. La empresa está obligada a responder en el plazo que fija la norma.

Ese escrito tiene dos efectos útiles. El primero es informativo: si no pueden justificar de dónde salieron tus datos, el asunto cambia de color. El segundo es práctico: a muchas reclamaciones de este tipo no les sigue nada después de recibirlo.

Si la empresa no responde o la respuesta no convence, cabe reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es gratuito y se hace por su sede electrónica.

Las tres respuestas posibles

Pagar

Tiene sentido si al revisarlo resulta que efectivamente se incumplió una condición que estaba expuesta, el importe es el previsto y no es desproporcionado. Pagar cierra el asunto y, con el descuento por pronto pago que suelen ofrecer, puede salir más barato que el tiempo que cuesta discutirlo.

Lo que no conviene es pagar por miedo, que es con lo que juegan los documentos redactados para parecer oficiales.

Responder discutiéndolo

Es la opción intermedia y la más recomendable cuando hay dudas. Se escribe a la empresa, por un medio que deje constancia, diciendo tres cosas:

• Que no se reconoce la deuda y por qué: no había cartel, el cartel no recogía ese importe, los hechos no son correctos, el importe es desproporcionado.
• Que se solicita copia de las condiciones generales vigentes ese día y de las pruebas en que se basa la reclamación.
• Que se ejerce el derecho de acceso sobre los datos personales, preguntando de dónde los han obtenido.

Conviene guardar copia y acuse. Y conviene hacerlo por escrito y no por teléfono: una conversación telefónica no existe a efectos de prueba.

No hacer nada

Es lo que hace mucha gente y hay que explicar bien el riesgo, sin alarmar y sin tranquilizar de más.

Lo que no puede pasar: que te embarguen la cuenta, que te retiren puntos, que aparezca en tus antecedentes o que se te impida pasar la ITV. Nada de eso ocurre con una reclamación privada sin sentencia.

Lo que sí puede pasar: que la empresa ceda la deuda a una agencia de recobro y empieces a recibir llamadas y cartas; que te incluyan en un fichero de morosos, lo que sí tiene consecuencias reales a la hora de pedir financiación; y, si la cuantía lo justifica, que te demanden.

Por eso responder negando la deuda es mejor que ignorar: una deuda discutida por escrito no debería inscribirse en un fichero de morosos, porque uno de los requisitos para la inclusión es que la deuda sea cierta y no esté controvertida. Si aun así te incluyen, ahí hay una reclamación específica que hacer.

Lo que una empresa de recobro puede hacer

Si el asunto pasa a una agencia de cobro, conviene tener claro el marco.

Una agencia de recobro no es una autoridad: no embarga, no entra en casa, no retiene nóminas y no puede presentarse en tu trabajo ni comunicar la deuda a terceros. Lo que puede hacer es reclamarte el pago.

Lo que sí puedes exigirle es que acredite la deuda: en virtud de qué contrato, por qué concepto y con qué documentos. Y puedes pedirle por escrito que las comunicaciones se hagan solo por un canal determinado.

Las prácticas de presión —llamadas a horas intempestivas, insistencia continuada, comunicaciones que revelan la deuda a otras personas— no son admisibles y pueden denunciarse ante consumo y, según el caso, ante la Agencia de Protección de Datos.

Dónde reclamar

Tres vías, y no son excluyentes.

La hoja de reclamaciones. Los establecimientos abiertos al público, y un aparcamiento lo es, deben tenerlas a disposición de los clientes. Presentar una deja constancia oficial y obliga a la empresa a responder.

Consumo. La oficina municipal de información al consumidor o la dirección general de consumo de tu comunidad autónoma. Es gratuito y, además de tramitar tu caso, sirve para que la conducta quede registrada si se repite con otras personas. En algunos casos cabe el arbitraje de consumo, que es más rápido que un juzgado, pero requiere que la empresa esté adherida o lo acepte.

La Agencia Española de Protección de Datos, para el asunto del origen de los datos y para una inclusión indebida en un fichero de morosos.

Y si finalmente te demandan, el procedimiento es civil: tendrás un plazo para contestar y la empresa tendrá que probar los hechos y la existencia del contrato. No es un trámite que convenga ignorar: no comparecer en un procedimiento judicial sí tiene consecuencias.

Las cláusulas que pueden discutirse

Hay tres aspectos que suelen ser el punto débil de estas reclamaciones. No son una garantía de nada —lo valora quien resuelva— pero son lo que hay que mirar.

La visibilidad de las condiciones. Para que una condición general obligue tiene que haber sido accesible y comprensible antes de contratar. Un cartel escondido, ilegible desde el coche o colocado después de la barrera es difícil de defender.

La proporción del importe. La normativa de consumidores considera abusivas, entre otras, las cláusulas que imponen al consumidor una indemnización desproporcionadamente alta por incumplir. Un importe que no guarda ninguna relación con lo que habría costado el aparcamiento es, como mínimo, discutible.

El cobro por pérdida del tique. Cuando se cobra un importe fijo elevado sin relación con el tiempo realmente estacionado, es otra de las cláusulas que se ha discutido con frecuencia.

Mencionar estos puntos en el escrito de respuesta no exige ser abogado: basta con decir que se consideran abusivos y por qué.

Cómo evitarlo

Cuatro hábitos que cuestan poco.

Leer el cartel de la entrada en los aparcamientos gratuitos con límite de tiempo. Es donde está el plazo y la consecuencia de pasarse.

Fotografiar el tique o la pantalla al entrar y al salir. Resuelve de raíz las discusiones sobre horas.

No perder el tique, que es donde más fácil es acabar pagando un importe fijo.

Y fotografiar el cartel si el aparcamiento te genera dudas. Cuesta tres segundos y es exactamente la prueba que harían falta meses después.

En resumen

Un aparcamiento privado no multa: reclama dinero por un presunto incumplimiento de contrato. Eso no quiere decir que nunca se deba nada, pero sí que no hay presunción de veracidad, que no hay vía de apremio y que la empresa tendría que demandar y probar.

La respuesta razonable casi nunca es pagar por miedo ni ignorarlo del todo: es contestar por escrito negando la deuda si hay motivo, pedir las condiciones y las pruebas, y preguntar de dónde han sacado tus datos. Son tres párrafos en una misma carta y cambian por completo la posición de partida.